El sistema de pensiones en el ojo del huracán

Guillermo Tagle

Por motivos diversos, el sistema de AFP de Chile, que ha sido modelo y ejemplo para gran parte del mundo y replicado en varios países, se ha convertido en uno de los puntos de mayor debate en el discurso político de quienes postulan a dirigir los destinos de nuestra patria en el próximo período presidencial. Para entender las causas de esta polémica, esta semana ocurrió en Icare una interesante reunión de análisis con el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias.

Del análisis presentado en la ocasión, es posible concluir que las causas que provocan dificultades reales en el cálculo de las pensiones de trabajadores chilenos, distan mucho de ser provocadas por la gestión realizada por el sistema de AFP en sus 30 años de historia (como probablemente ha sido acuñado por quienes participan en el debate político público). Respecto de las soluciones que se proponen (también en el debate público), tales como crear una AFP del Estado, “estatizar” la gestión de las pensiones, modificar las reglas de gestión de las carteras de inversión, volver a un sistema de reparto (que sustituya al de capitalización individual), carecen de fundamentos reales en la problemática que afecta a los pensionados actuales y futuros de Chile.

Es una realidad que el sistema de pensiones tiene problemas que se deben resolver. Con 30 años de historia y con una nueva realidad económica y social como la que vive hoy Chile, es natural que surjan nuevas necesidades y problemas que hay que solucionar. Chile ha tenido éxito en muchas materias fundamentales que tienen impacto en el valor real de las pensiones y también en las expectativas “sicosociales” que el propio sistema genera. El aumento en la expectativa de vida obliga a financiar mucho más tiempo de vida pasiva, con la misma cantidad de años de vida activa definidos en el origen del sistema. El buen desempeño económico de Chile, sumado a la mejor condición de salud de la “gente mayor”, ha generado un tremendo beneficio; poder seguir teniendo incrementos reales de remuneración aun cerca de llegar a la edad de jubilación, pero esto genera un déficit de ahorro previsional para lograr una tasa de reemplazo acorde a la renta de los últimos años activos.

Si la expectativa de vida de los chilenos no hubiese aumentado en los últimos 30 años, si los salarios reales no crecieran en términos reales a partir de los 55 años, la promesa inicial del sistema, podría cumplirse. Pero con una población con mayor esperanza de vida, con salarios reales que crecen por sobre el IPC durante toda la vida activa, manteniendo la edad de jubilación en 60 y 65 años y la contribución al 10%, sin ahorro voluntario, la expectativa generada por el sistema no alcanza a generar una tasa de reemplazo de 70% como se indicó factible en el origen.

La solución fácil a todos los problemas actuales es decir que el “Estado ponga las lucas”. Subir los impuestos y destinar la mayor recaudación a cubrir las falencias que han aflorado con el pasar de los años y el progreso económico de Chile. La reforma del 2008 atacó, de buena forma, parte de las dificultades del sistema para lograr pensiones dignas en los más pobres y desvalidos. Fue correcta la decisión de financiar con recursos del Estado las soluciones creadas para los que no tienen forma de llegar por sus propios medios a solventar su vejez. No es correcto decir que estos problemas de segunda generación, de país social y económicamente mucho más desarrollado que el que teníamos en 1981, cuando se inició el sistema de AFP, son fallas estructurales insolubles.

Una combinación bien pensada de herramientas es la manera más lógica e inteligente de abordar el problema. Algunas de las ideas a considerar deben incluir incrementar la contribución mensual de trabajadores activos, promover el retraso en la edad de jubilación (que voluntariamente ya está ocurriendo), educar las expectativas de qué es un tasa de reemplazo adecuada para 25 años de vida pasiva financiada con 35 años de vida activa, dimensionar la cantidad incremental de recursos que el Estado puede contribuir a las pensiones (especialmente de los más pobres), sin cometer los excesos que en países europeos ya han demostrado ser causantes de grandes colapsos.

Las bases del sistema de capitalización individual, gestionado profesionalmente por actores especializados (AFP), han sido clave para lograr parte importante del desarrollo que hoy tiene Chile. Perfeccionarlo y adecuarlo a la realidad y problemas que hoy vivimos es una necesidad evidente. Intervenirlo y modificar sus bases fundamentales no resuelve el problema de fondo y podría comprometer el futuro del equilibrio fiscal del Estado, generando riesgos y costos difíciles de solventar para las futuras generaciones de nuestra patria.